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19/12/2017 Comunicado. La Fiscalía de Delitos Económicos aprecia indicios delictivos en la denuncia contra la cúpula del Consejo General de Enfermería y ve procedente que el Colegio denuncie los hechos ante los tribunales de lo penal.

Habiendo tenido conocimiento del archivo de la denunciada presentada el pasado mes de mayo por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia contra la cúpula del Consejo General de Enfermería (CGE), consideramos que, en aras de la transparencia, es nuestra obligación hacer públicos ciertos aspectos de la resolución de la Fiscalía, que ponen en evidencia la existencia de graves irregularidades en el entramado societario tejido por el Sr. González en torno al Consejo General de Enfermería.

Hemos enviado una circular a todos los colegios, ya que entendemos que es obligación de los mismos exigir una explicación rigurosa al Consejo sobre las sombras que arroja la misma sobre la gestión empresarial llevada a cabo desde el Consejo con fondos de todos los colegiados de España. En efecto, dicha resolución de la Fiscalía, no por el hecho de decretar el archivo de nuestra denuncia supone un respaldo a la gestión del Sr. Máximo González Jurado, sino que, muy al contrario, en la resolución citada se cuestionan muchas de las iniciativas empresariales realizadas por éste, llegando a considerar la existencia de ciertos delitos, que de forma muy cuestionable considera prescritos.

Por ello, procedemos a trasladaros algunos de los detalles de la resolución de la fiscalía que consideramos que deben estar al alcance de toda la colegiación: En primer lugar, respecto al destino por parte del Consejo de SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS, utilizados para al rescate financiero de una de las empresas creadas por el Consejo sin justificación alguna ni explicación a los Colegios Territoriales, la Fiscalía no considera que exista delito alguno por entender que no consta acreditado que el origen del endeudamiento fuera ilícito, labor que a nuestro juicio correspondía precisamente investigar a la propia Fiscalía.

Igualmente, lo que no hace tampoco la Fiscalía es determinar si en la decisión de utilizar fondos del Consejo para fines muy discutibles y desde luego completamente alejados de los fines primordiales de éste, se podría estar incurriendo en alguno delito, tal como malversación o administración desleal. Evidentemente, la decisión de la Fiscalía solo puede tomarse desde un profundo desconocimiento de la realidad jurídica e institucional de lo que es un Colegio Profesional. Resulta sorprendente la afirmación de la resolución, en la que se afirma sin empacho alguno que “la creación de una sociedad para fines distintos de los perseguidos estatutariamente (como es el caso) aún con fondos del Consejo no tiene por qué ser necesariamente delictiva si ello supone un beneficio para los colegiados, y en el caso de serlo estaría prescrita”.

En segundo lugar, la fiscalía también hace referencia a la compra por parte de la fundación Salud y Sociedad (creada por el Sr. González y la Sra. Pilar Fernández, aportando el Consejo un 83% del capital fundacional pero asumiendo la dirección del Patronato ambas personas físicas de forma vitalicia y con derecho a nombrar sucesor) de un chalet de lujo en Majadahonda, casualmente destinado a servir de vivienda habitual al hermano del Sr. González, quien formalmente lo disfruta bajo un contrato de arrendamiento. Dicha vivienda ha sido adquirida con fondos procedentes, directa o indirectamente, del Consejo General. En este asunto la Fiscalía reconoce que dicho contrato de alquiler no estaba autorizado por el protectorado de fundaciones.

Así mismo, se hace constar por la Fiscalía: “sorprende quizás que el precio actual de dicho alquiler pudiera ser inferior al de mercado por no haber sido actualizado desde el inicio del contrato, respecto a lo cual ninguno de los denunciados ha sabido dar una explicación” (...) “tampoco ninguno de los denunciados supo dar una explicación de por qué una fundación en principio dedicada a la investigación y docencia y a una ONG, adquiere un inmueble destinado a vivienda cuyo uso no estaba previsto”. Ello induce a pensar que la Fundación realizó dicha compra con el solo propósito de facilitar la adquisición de la vivienda a esta persona con cargo a los presupuestos o cuando menos con el fin de ayudarle en la financiación de la misma en la medida que satisface una renta por ella. Sin embargo, este hecho, que constituiría un delito de apropiación indebida, o en su caso administración desleal estaría prescrito dado que se adquirió en 2006 la vivienda.

Resulta curioso, sorprendente y a la vez indignante la facilidad de la Fiscalía a la hora de utilizar el recurso de la prescripción, pues la situación de disfrute de la vivienda por parte del hermano del Sr. González aún continúa y por lo tanto la situación de manifiesto perjuicio patrimonial de la fundación y por ende del Consejo, permanece vigente.

En tercer lugar, tampoco causa sospecha alguna a la Fiscalía que la empresa que actualmente presta ciertos servicios informáticos al Consejo (Asseco Spain) haya comprado la anterior residencia del Sr. González Jurado, un chalet de lujo en Pozuelo de Alarcón, pues según manifestó el Sr. González había consultado al Comité ejecutivo del Consejo por si podía haber conflicto de intereses. Evidentemente, no se ha investigado qué tipo de contratos tiene concertada dicha empresa con el Consejo y la forma en que la misma fue contratada en su día, como debió hacerse.

En cuarto lugar, la resolución también entra a valorar someramente las importantes aportaciones económicas efectuadas por el Consejo a Cofunsalud y E-Network, y a pesar de que reconoce que “es cierto que el contrato con Cofunsalud es un contrato marco de 1997 en el que tanto la duración como el precio no están delimitados y en el cual podrían ampararse desviaciones de dinero del CGE a Cofunsalud con la mera extensión de una factura por parte del primero, no ha de ser necesariamente así”, considera que los denunciantes sin aportar prueba alguna concreta pretenden llevar a cabo una “investigación mastodóntica basada en meras sospechas”.

Y todo ello a pesar de reconocer que las aportaciones del Consejo carecen de cualquier respaldo contable y de cualquier fundamento jurídico. En quinto lugar, respecto a la compra por parte de la sociedad Enfermundi (luego asumida por COFUNSALUD) del Hotel Velázquez, que supuso un agujero en las cuentas del CGE de más de DIEZ MILLONES DE EUROS, la Fiscalía inicialmente descarta que fuera una trama orquestada por el Sr. González y el dueño del hotel para desfalcar ese dinero al CGE, pero únicamente lo hace porque se ha demostrado que tras la pérdida patrimonial se iniciaron diferentes procedimientos judiciales para intentar recuperar el dinero.

Sin embargo, el propio Fiscal se sorprende de que, siendo evidente que esos procedimientos judiciales civiles serían de todo punto infructuosos dado el concurso de acreedores de la entidad vendedora, el CGE no hubiera actuado penalmente ante la evidente estafa que había sufrido. Tampoco se valora en este punto la nefasta gestión empresarial del Sr. González que le ha costado al Consejo, de manera directa o indirecta, a través de su aportación a sociedades o fundaciones vinculadas, más de DIEZ MILLONES DE EUROS, sin contar los costes financieros y judiciales.

En sexto lugar, y aun cuando la denuncia ponía en evidencia las irregularidades contables entre todas las sociedades vinculadas, la Fiscalía también considera que podrían no ser delictivas, dado que “no toda irregularidad contable es constitutiva de infracción penal y que en todo caso para estar en presencia de un delito de falsedad de las cuentas anuales es necesario que la alteración maliciosa de la contabilidad sea idónea para causar un perjuicio económico a la sociedad, o alguno de los socios o a un tercero, con lo que habría por otro lado que acreditar este extremo.” Pero nuevamente, prosigue la resolución: “a pesar de que en este punto sí se identifican en la denuncia las divergencias contables detectadas (…) insistimos en que el proceso penal tiene por objeto la investigación de hechos con apariencia delictiva delimitados, y no llevar a cabo una auditoria de las cuentas anuales del CGE y de las distintas entidades denunciadas, ante sus divergencias contables, por llamativas que sean”.

Finalmente, la Fiscalía no se ha pronunciado ni tan siquiera sobre una de las cuestiones más llamativas de la gestión del Sr. González Jurado, que es la compra por parte de la Fundación Salud y Sociedad del edificio donde está la sede del Consejo General y del resto de las empresas y fundaciones vinculadas (menos Enfermundi), arrendado por una renta exorbitante al Consejo, y que jamás se ha explicado en la Asamblea General, cuando dicha operación presenta un evidente carácter delictivo, ya que supone que cada año salen de los fondos del consejo importantes cantidades en concepto de arrendamiento, cuando con las mismas o quizás menos se podría haber adquirido directamente una sede en plena propiedad.

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia queremos hacer público nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, y nuestro firme propósito de seguir luchando para que todas estas cuestiones y otras muchas también denunciadas se puedan esclarecer, así como para exigir responsabilidades a aquellos que han venido gestionando el CGE y los fondos provenientes de todos los colegiados de España como si de un cortijo propio se tratase. Por ello anunciamos que no vamos a detenernos, por lo que hemos dado instrucciones a nuestra asesoría jurídica para proceder a interponer la correspondiente denuncia ante los Tribunales de Justicia, ya que ante la pasividad del Ministerio Público tendrán que ser los Juzgados los que investiguen los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia.

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