CGE y SATSE inician el proceso judicial en el Supremo para frenar la FP sociosanitaria que pone en peligro la seguridad de los mayores en las residencias

Una titulación de Formación Profesional para reemplazar a los sanitarios con profesionales “low cost”

• El Sindicato de Enfermería, SATSE, y el Consejo General de Enfermería (CGE) rechazan categóricamente el Real Decreto que incorpora nuevas titulaciones de Formación Profesional, una de las cuales, el módulo de “Supervisión a la Atención sociosanitaria a la persona usuaria”, puede poner en riesgo la salud de las personas ingresadas en residencias y centros sociosanitarios.

• El recurso de ambas organizaciones responde a la preocupación mostrada por numerosas instituciones enfermeras y la enfermería de base que ven cómo esta salida del Gobierno para paliar los problemas de la atención a mayores y dependientes esconde la creación de un ejército de personal “low cost” como alternativa a los profesionales sanitarios cualificados que son las enfermeras/os.

• Las enfermeras y enfermeros escasean en residencias de mayores y otros centros sociosanitarios por la falta de previsión de la Administración y, especialmente, por las condiciones precarias e indignas que ofrece el sector sociosanitario a profesionales sanitarios de primer nivel.

Madrid, 8 de febrero de 2021. – El Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, han iniciado hoy el proceso para interponer sendos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula la nueva titulación de Formación Profesional “Supervisión a la Atención sociosanitaria a la persona usuaria”, ya que entienden que pone en grave riesgo la seguridad y salud de las personas mayores en las residencias de todo el Estado.

Según SATSE y el CGE,esta nueva FP supone una merma en la calidad de la atención que reciben las 400.000 personas que viven en residencias de mayores y otros centros sociosanitarios pues en realidad se trata de una solución de bajo coste a la falta crónica de profesionales sanitarios cualificados, una salida que compromete el futuro de la atención a una población de edad avanzada y aquejada de dolencias crónicas como es la española.

“La impugnación de la norma refleja la incoherencia de que se cree una figura no sanitaria para controlar y tutelar a unos profesionales sanitarios perfectamente cualificados para acometer sus funciones en las residencias. En resumen, se oferta una nueva titulación con capacidad para intervenciones sanitarias como los “cuidados básicos de enfermería” cuando ya existen profesionales sanitarios con un grado universitario que proporcionan esos cuidados que son las enfermeras y enfermeros”, señalan.

El Consejo General de Enfermería y SATSE creen que no es necesario que se incorporen nuevas titulaciones sino que se refuercen las plantillas del ámbito sociosanitario y se cuente con los profesionales ya existentes. La falta de enfermeras en las residencias se explica por el déficit crónico de profesionales en nuestro país, un número de enfermeras y enfermeros “a años luz” de países de nuestro nivel socioeconómico, pero también por las precarias e indignas condiciones laborales y salariales que se ofrecen en el ámbito sociosanitario y que desincentivan la contratación de enfermeras.

Las dos organizaciones confian en que los tribunales no permitan el desarrollo de esta cualificación profesional que tanto perjudica a los más vulnerables, los mayores, en los centros sociosanitarios desde un principio, y reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que reflexione y que, frente a soluciones improvisadas que solo generan desconcierto y desazon asistencial y profesional, así como a la renuncia de la calidad de la atención, apueste por las enfermeras como referentes en cuidados y por potenciar la figura de la enfermera especialista en Geriatría y Gerontología como coordinadora de esos cuidados en los centros sociosanitarios.

“No tiene ningún sentido crear nuevas titulaciones y categorías. Eso no va a suponer ninguna mejora en la atención a las personas mayores, sino que se busca simplemente ahorrar costes a la vez que cronifica las condiciones laborales precarias en un sector clave para atender las necesidades de la población más vulnerable”, subrayan.

Por último, SATSE y el CGE entienden que el Gobierno busca también satisfacer los deseos de la patronal que gestiona el 75 por ciento de las residencias de mayores en nuestro país, dado que el perfil profesional que ahora se pretende establecer para realizar cuidados básicos de Enfermería les va a resultar mucho más barato a los empresarios del sector y, con ello, un aumento de sus beneficios empresariales.