La Mesa Enfermera denuncia la “ilegalidad” de DomusVi por la que se pone en peligro la seguridad y salud de los mayores

La Mesa de la Profesión Enfermera, en contra del Plan de Contingencia de la empresa DomusVi en residencias y otros centros

• La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, reclama que se deje sin efecto el Plan de Contingencia por el que la empresa DomusVi quiere que personal no enfermero realice funciones y labores asistenciales y de cuidados para los que no están cualificados ni habilitados legalmente.

• Según la Mesa Enfermera, se trata de una “ilegalidad” que podría llegar a alcanzar trascendencia penal, en tanto que el Código Penal castiga la realización de actos propios de una profesión sin poseer la titulación, capacitación y/o habilitación legal necesaria para ello (delito de intrusismo profesional), que incluso, en el presente caso, podría considerarse propiciado y alentado por la propia empresa.

Madrid, 11 de agosto de 2022. – La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha exigido a DomusVi, empresa que gestiona residencias y centros sociosanitarios en nuestro país, que no ponga en riesgo la salud y seguridad de las personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables al querer que personal no enfermero realice funciones y labores asistenciales y de cuidados para los que no están cualificados ni habilitados legalmente.

Los presidentes de SATSE, Manuel Cascos, y del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, se han dirigido por carta a los responsables de DomusVi para trasladarles su enérgico rechazo a que esta empresa implante un Plan de Contingencia por el que se pretende que personal de Formación Profesional realice funciones que son propias de Enfermería, como la realización de curas, toma de constantes, administración de distinto tipo de medicación y de enemas de limpieza o la administración de pautas de nutrición enteral utilizando bomba de infusión, entre otras.

La Mesa Enfermera subraya que, según establece numerosa legislación y jurisprudencia al respecto, todas estas funciones no pueden ser delegadas, en modo alguno, en personal que no cuente con la habilitación, competencia y formación legal necesaria. Tampoco podrán realizarlas, aunque la propia empresa pretenda dar una formación específica a dicho personal, ya que seguirán sin contar con la habilitación y competencia necesaria. “Una entidad privada como DomusVi no tiene el reconocimiento oficial ni la potestad para proceder a la capitación y habilitación legal respecto de profesionales de FP”, añade.

Aunque en el Plan de Contingencia no se indica qué personal técnico será el que se encargue de la realización de estas funciones, la Mesa Enfermera entiende que parece referirse a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. En este caso, reitera que el Real Decreto 546/1995, por el que se establece el título de dichos Técnicos y las correspondientes enseñanzas mínimas que el citado título exige para su obtención, no les permite la realización de dichas funciones.

Al respecto, desde la Mesa Enfermera se insiste en que, según establece el Estatuto del Personal Sanitario no facultativo aprobado en 1973, las funciones del personal auxiliar de enfermería son claras y están bien delimitadas, no pudiendo, en modo alguno, realizar administración de medicación, realización de curas, realización de planes de cuidados, administración de pautas de nutrición, supervisión de planes de cuidados…, como por parte de DomusVi se pretende.

Asimismo, la Mesa recalca que es notoria y abundante la jurisprudencia que señala que las funciones del personal auxiliar de enfermería deben limitarse a “colaborar” con el personal de Enfermería, pero en no pueden realizar el acto sanitario en sí mismo, siendo este una competencia exclusiva del enfermero/a. Para justificar tales argumentos, en la carta se detallan distintas sentencias del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales autonómicas y provinciales al respecto.

Nueva figura profesional

Al igual que ha hecho con el grupo empresarial, la Mesa de la Profesión Enfermera ha dirigido otra carta al Ministerio de Educación y Formación Profesional, reclamando su intervención toda vez que se pretende generar una nueva figura profesional que no tiene ningún sustento formativo en el área de la Formación Profesional y que genera confusión e inseguridad en la atención de estos centros sociosanitarios.

La Mesa Enfermera traslada también al Ministerio de Educación que resulta evidente, patente y notoria la ilegalidad que se pretende, a través de la implantación y aplicación del Plan de Contingencia, exigiendo, por ello, que se deje sin efecto y sea el personal de Enfermería el que realice siempre las funciones mencionadas.

Según la Mesa Enfermera, “se trata de una ilegalidad que, incluso, podría llegar a alcanzar trascendencia penal, en tanto que conforme el Código Penal se castiga la realización de actos propios de una profesión sin poseer la titulación, capacitación y/o habilitación legal necesaria para ello, al encontrarnos ante un presunto delito de intrusismo profesional, que incluso, en el presente caso, podría considerarse propiciado y alentado por la propia empresa”, apunta.

Por todo ello, la Mesa de la Profesión Enfermera concluye que resulta innegable, a la vista de todo lo expuesto, que el Plan de Contingencia referido pone en peligro la integridad física de los usuarios y pacientes, permitiendo que personal sin formación, habilitación y competencia legal para ello se encargue de realizar funciones propias del personal de Enfermería, con los consiguientes riesgos y perjuicios que supone para la salud e integridad de los usuarios de las residencias y otros centros.

“Como profesionales sanitarios no podemos permitir que ninguna empresa privada ponga en riesgo la integridad y seguridad de nuestros mayores y otros colectivos especialmente vulnerables, para los que las residencias y otros centros son su hogar, por el mero interés de ahorrarse costes y tener más beneficios a través de la contratación de personal no cualificado ni habilitado legalmente para prestar la atención sanitaria y cuidados que todas estas personas se merecen”, finaliza la Mesa.