Enfermeras y médicos se unen y rechazan la realización de los test COVID en las farmacias

Los farmacéuticos llevan meses luchando para poder hacer test rápidos de antígenos en sus boticas y así aumentar su cartera de productos y medicamentos y por ende, sus beneficios económicos. Ante esta actuación, hasta ahora solo había alzado la voz la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería SATSE, que lleva meses advirtiendo de las graves consecuencias que esto podría suponer para la salud y la seguridad de los pacientes. Pero desde el pasado viernes, las enfermeras ya no están solas, en su lucha por la seguridad de los pacientes. En las últimas horas se han sumado a la negativa la Organización Médica Colegial (OMC) y la Federación de Sociedades Científico Médicas de España (FACME) que aglutina a 46 sociedades científicas médicas. Médicos y enfermeras se unen así para dejar patente que lo que está en juego es la seguridad de los pacientes y la salud pública.

Así, desde la Organización Médica Colegial, que representa a todos los médicos de España, resaltan que “estos test de antígenos rápidos requieren una indicación clínica”. “Debe garantizarse una coordinación y un diagnóstico clínico. El test se tiene que indicar en coordinación estrecha con los servicios de salud y salud pública y especialmente importante, se tiene que determinar quién se responsabiliza de un positivo y las instrucciones a los pacientes”, apuntan.

Por su parte, FACME, que representa a 46 sociedades científico-médicas, destaca que para estas pruebas se requiere la realización previa de un frotis nasofaríngeo con la técnica correcta por parte de personal con la competencia legal para ello y entrenado en la técnica, lo que no incluye a los farmacéuticos. Adicionalmente, aún en caso de entrenamiento previo, los resultados con esta técnica sólo están validados para el diagnóstico de personas sintomáticas en sus primeros 5 días de síntomas».

Por este motivo, señalan que «estaría claramente desaconsejado» que las personas en esa situación de enfermedad, altamente contagiosas, acudan a las oficinas de farmacia a realizarse este tipo de pruebas, debido «al alto riesgo de contagiar a los usuarios y trabajadores de la oficina». «No sería adecuado promover en las oficinas de farmacia los tests serológicos rápidos entre la población, si es que se trata de eso», reivindican.

Cabe destacar que, hasta hace muy pocos meses, el presidente de FACME era Antonio Zapatero, actual viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, una autonomía que ha pedido por carta al Ministerio de Sanidad que se autoricen dichos test. Con este comunicado los presidentes de las sociedades científicas y los propios colegas de Zapatero en su junta directiva dejan en evidencia dicha decisión.

Por su parte, cabe recordar que la Mesa de la Profesión Enfermera, , lleva meses advirtiéndolo: que se lleven a cabo estas pruebas COVID en oficinas privadas de farmacia constituye una grave irresponsabilidad puesto que afectaría a la salud pública y la seguridad del paciente, además de suponer una vulneración del actual marco jurídico sanitario, incluyendo hasta doce normas de distinto rango.

Con el objetivo de parar las intenciones de algunas administraciones y de las oficinas privadas de farmacia, la Mesa la Profesión Enfermera ha enviado una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Llamas, donde se desgranan todos los argumentos a nivel normativo, administrativo y sanitario que rebaten los esgrimidos por gobiernos como el madrileño que han pedido esta medida. Asimismo, concluyen, de manera categórica, que ni por las atribuciones, competencias y formación que tienen los farmacéuticos ni por la propia configuración de las oficinas de farmacia, es posible a día de hoy convertirlas sin más en centros para la realización de pruebas diagnósticas del COVID-19, y advierte igualmente del riesgo que ello supondría para al conjunto de la ciudadanía al facilitar que estos establecimientos comerciales se conviertan en posibles focos de contagio y transmisión del coronavirus.

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